Al cumplirse veinticinco años de la sanción de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires es oportuno reflexionar sobre ese acontecimiento para la vida de los porteños y para el federalismo argentino, cuya importancia no se suele dimensionar cabalmente.

Dentro de mi ya extensa trayectoria política, haber formado parte de la Convención que la elaboró es tal vez el más alto honor que me haya sido concedido.

La tarea de la Convención, presidida ejemplarmente por Graciela Fernández Meijide, fue fecunda. Se deliberó en un clima de respeto recíproco, de diálogo y de tolerancia que la Argentina añoraría en tiempos posteriores. Había debates acalorados e intensos, pero se desarrollaban en el plano de los argumentos, sin descender nunca a las descalificaciones personales. No había grieta, en el nefasto sentido que adquirió hace algunos años, y por eso todos estábamos dispuestos a buscar los consensos y a admitir concesiones con relación a nuestras posturas de máxima.

Con la llegada de Cambiemos al gobierno nacional, el proceso de la autonomía había logrado un nuevo impulso. Se transfirió la policía y el Poder Ejecutivo nacional presentó un proyecto de ley destinado a una gradual transferencia de la llamada “justicia nacional” a la Ciudad, que todavía no fue aprobado, pese a que la Corte Suprema determinó claramente que la condición de la justicia “nacional” es transitoria y que debe ser transferida a la Ciudad mediante los acuerdos correspondientes.

Pero el proceso de la autonomía jurisdiccional, aunque vaya más lento que lo que desearíamos, es imparable. La Legislatura porteña acaba de sancionar una ley que establece que el Tribunal Superior de la Ciudad es el tribunal superior de la causa a los efectos de los recursos extraordinarios contra sentencias de las Cámaras “nacionales”.

La autonomía les restituye a los porteños sus derechos políticos y los pone en pie de igualdad con sus compatriotas del resto del país. Como tal, refuerza el federalismo y la democracia.