Según los informes de revisión periódica de la Secretaría General de la ONU, mientras el ODS 1 busca erradicar la pobreza, la tasa de pobreza extrema aumentó en 2020, así como el número de nuevas personas bajo la línea de pobreza (entre 119 y 124 millones). El ODS 2 tiene como objetivo acabar con el hambre, pero el hambre en el mundo ha aumentado desde 2014, con más de una cuarta parte de la población mundial afectada por inseguridad alimentaria moderada o grave. Asimismo, los avances en el objetivo de salud, el ODS 3, han sufrido enormes retrocesos debido a la pandemia COVID-19, con datos que muestran que los servicios básicos de salud aún estaban interrumpidos en el 90% de los países y territorios a más de un año después de la pandemia. Y así sucesivamente en cada uno de los 17 objetivos.

“Al día de hoy, sólo 5 países están en camino de alcanzar los ODS hacia el 2030, y se espera que 134 de 193 países-miembro de la ONU no los alcanzarían ni siquiera para fines de siglo, incluidos 69 países desarrollados de ingresos altos”.

Existen múltiples factores para explicar las razones de estos retrocesos, pero cabe destacar una razón mayormente inexplorada. La Resolución No. 70/2015 de la Asamblea General de la ONU que creó los Objetivos de Desarrollo Sostenible repite en 24 oportunidades que los mismos son indivisibles e integrados. Sin embargo, el enfoque sectorial que llevan adelante las agencias, fondos y programas que conforman el Sistema de las Naciones Unidas, la cooperación internacional en general, acompañada por el sector privado a través de los aportes a la gobernanza social y ambiental en sus operaciones (conocidos como criterios ESG), no está funcionando.

La acción por el clima

La estrategia principal de los ODS para frenar el cambio climático (ODS 13), la mayor amenaza para la humanidad que a día de hoy tiene a 3 mil millones de personas en riesgo de perder sus medios básicos de vida, se basa en la transición desde fuentes energéticas alimentadas por combustibles fósiles hacia fuentes renovables. Sin embargo, el Banco Mundial (parte del Sistema de la ONU) estableció que la producción de minerales como el grafito, el litio y el cobalto aumentaría casi un 500% en 2050 para satisfacer la creciente demanda de energías renovables que son intermitentes y, por lo tanto, requieren de baterías para su almacenamiento. En ese sentido, se estima que, se necesitarían más de 3 mil millones de toneladas de dichos minerales y metales para implementar la energía eólica, solar y geotérmica necesaria para lograr un futuro por debajo de los 2°C en comparación con la era preindustrial (límite máximo de temperatura científicamente avalado para que el ser humano pueda habitar el Planeta Tierra).

Al mismo tiempo, habitantes del "triángulo del litio", principal reserva global de litio, han denunciado en varias ocasiones la contaminación y la creciente escasez de los cursos de agua circundantes debido al uso y aprovechamiento de las actividades mineras, aún sin haberse disparado el grueso de la transición energética global.

“Este es el problema subyacente detrás de las protestas en la Provincia de Jujuy por las reformas constitucionales. Solo en 2020, según datos de la Secretaría de Minería de Argentina, se extrajeron 33 mil toneladas de litio, mientras los objetivos climáticos elevarían ese número a 3 mil millones de toneladas”.

Alcanzar esos números para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París dificultaría, al menos, el alcance del ODS 6 de acceso al agua limpia y saneamiento.

El auge de los mercados de carbono

Dentro de sus estrategias para contribuir a los ODS, el sector privado se encuentra aumentando la demanda de créditos de carbono para compensar sus emisiones de gases de efecto invernadero (más conocidas como dióxido de carbono equivalente, como métrica universal o, coloquialmente, “carbono”) a través de proyectos externos, en lugar de reducirlas dentro de sus propios procesos productivos por cuestiones de costo-eficiencia o por mera conveniencia. Principalmente se eligen proyectos de carbono por prevención de la deforestación y degradación forestal, conocido como mecanismo REDD+ por su sigla en inglés. El mecanismo REDD+, fue creado por la Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático.

“En 2021 el mercado voluntario de carbono llegó a movilizar USD 2 mil millones y se estima que podría multiplicarse por 15 o más en 2030 y por 100 en 2050. Podría alcanzar un valor superior a 50 mil millones de dólares en 2030”.

Uno de los elementos requeridos por este mercado son las salvaguardas socio-ambientales con el objeto de evitar que el financiamiento se utilice meramente para reducir carbono (lo que se llama “visión de túnel”) desatendiendo cuestiones sociales y ecológicas de funcionamiento integral (ej. plantar especies foráneas de árboles dentro de un ecosistema que termine acabando con su biodiversidad). Las salvaguardas operan sobre el mismo principio de integridad e indivisibilidad de los ODS.

“En muchos de estos casos, las comunidades locales migran forzadamente hacia barrios marginales en grandes ciudades, debido a las violaciones de las salvaguardas en estos proyectos”.

Lo que sucede en la práctica es que dichas salvaguardas suelen aplicarse parcial y/o sectorialmente, mientras la deforestación avanza o se reduce en algunos casos, generando efectos indeseados y/o ignorados (trade-offs). Las corporaciones compensan sus emisiones comprando créditos de carbono que usualmente solo pueden ser generados por grandes tenedores de tierras que tienen capacidad de invertir recursos por adelantado (upfront) para desarrollar proyectos y demostrar las reducciones de carbono a ser remuneradas. De esa manera se genera un movimiento de recursos desde un sector concentrado (corporaciones y países desarrollados que compensan sus huellas de carbono) hacia otro sector también concentrado (tenedores de tierra que exportan commodities globalizados).

La migración forzada va en detrimento del ODS 10 de reducción de la desigualdad y del ODS 11 de ciudades y comunidades sostenibles poniendo, asimismo, presión sobre las infraestructuras existentes (ODS 9). A modo ilustrativo, Argentina es un país de baja densidad demográfica, siendo al mismo tiempo el octavo país más grande en territorio mientras el 92% de su población habita en ciudades.

En efecto, las violaciones a las salvaguardas han generado muchos problemas legales y reputacionales a los compradores, desarrolladores y certificadores de créditos de carbono. Recientemente, investigaciones de The Guardian, la agencia alemana Die Zeit y SourceMaterial,  concluyeron que “las compensaciones de carbono forestal aprobadas por Verra, el principal certificador mundial y utilizadas por Disney, Shell, Gucci y otras grandes empresas, carecen en gran medida de valor y podrían empeorar la situación del calentamiento global”.

A estas acusaciones, el acusado Verra respondió dos cosas que cabe destacar: "...los proyectos se enfrentaron a circunstancias locales únicas que un enfoque estandarizado no puede medir", y las "... dificultades para predecir factores, como la elección de Jair Bolsonaro en Brasil" (quien flexibilizó medidas contra la deforestación).

“Es el problema de operar bajo una “visión de túnel”, y la fragmentación de la acción por el clima que funciona bajo una lógica distinta al enfoque sistémico propio del desarrollo sostenible”.

Copiar los sistemas naturales como solución

Para solucionar el problema de falta de integridad socio-ambiental en las acciones de cooperación internacional, pública y privada, en el año 2022, la Asamblea Ambiental de la ONU, donde se reúnen bianualmente los ministros de ambiente de todo el mundo, formalizaron el concepto de las soluciones basadas en la naturaleza (NbS, por su sigla en inglés) para el desarrollo sostenible (Res. UNEA 5/22).

Según ésta, las NbS son “acciones para proteger, conservar, restaurar, utilizar de forma sostenible y gestionar ecosistemas terrestres, de agua dulce, costeros y marinos, naturales o modificados, que abordan los retos sociales, económicos y ambientales de forma eficaz y adaptativa, al tiempo que proporcionan bienestar humano, servicios ecosistémicos, resiliencia y beneficios para la biodiversidad”. A su vez, se reconoce que las NbS: respetan las salvaguardas socio-ambientales; se alinean a las circunstancias locales, nacionales e internacionales; y que no reemplazan la necesidad de reducir rápidamente las emisiones provenientes de la quema de combustibles fósiles.

Una estrategia adecuada en NbS tiene el potencial de reducir el 30% de las emisiones necesarias para cumplir con el Acuerdo de París de manera costo-efectiva (proteger y restaurar ecosistemas suele ser más económico que invertir en tecnologías alternativas para remover carbono de la atmósfera). Pero esencialmente no solo eso, sino que brindan todos esos beneficios múltiples que la propia definición enumera alineadas al desarrollo sostenible y los ODS.

Estas soluciones pueden reducir los riesgos legales y reputacionales que implica invertir en proyectos que intentan resolver problemas de sostenibilidad con una visión fragmentada.

“Invertir en la naturaleza siempre es arriesgado, pero ofrecer beneficios múltiples de otros ODS y la no afectación del resto, podrían reducir los riesgos reputacionales más allá de la mitigación del carbono, que conlleva incertidumbres inherentes (como circunstancias locales y cambios políticos no previsibles)”.

Para ello, existen organizaciones que vienen desarrollando y documentando estándares de mejores prácticas en materia de salvaguardas socio-ambientales, generación de beneficios múltiples y distribución consensuada con las comunidades donde se llevan a cabo los proyectos. Algunas de esas recomendaciones, incluyen que todo proyecto debe formar parte de una estrategia más amplia de desarrollo local a largo plazo, o que los objetivos basados en la ciencia climática para lograr las emisiones netas a cero en 2050 (objetivo del Acuerdo de París de la ONU), deben integrarse con la ciencia de los riesgos e incertidumbres para la adaptación al cambio climático (generar resiliencia frente a los impactos inevitables y futuros), así como con los conocimientos y tradiciones locales que eviten procesos de mal-adaptación.

“La gestión adaptativa y flexible es la clave teniendo en cuenta que lossistemas dinámicos y complejos y multifactoriales son inherentes a la naturaleza”.

*Agustín Matteri es Abogado, Máster en Derecho Ambiental, ex funcionario del Programa de la ONU para el Medio Ambiente.